Por amiranda
Por Iván Honorato
El pasado martes 14 de enero de 2025, se publicaron en el diario oficial las Resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) Nº 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427 y 2428 que establecen los programas y subprogramas de fiscalización ambiental para el presente año, instrumentos donde se definen las actividades de fiscalización, los presupuestos asociados, los indicadores de desempeño vinculados, y los criterios a ser considerados por la autoridad ambiental para priorizar la fiscalización ambiental.
¿Cuáles son los principales objetivos de los Programas y Subprogramas de Fiscalización Ambiental para 2025?
Los principales objetivos para 2025 son fortalecer la fiscalización ambiental, priorizando proyectos que puedan afectar componentes ambientales sensibles, atender de manera oportuna las denuncias ciudadanas y promover el cumplimiento normativo de los titulares de proyectos. Las herramientas y enfoques para avanzar en estos objetivos son, el uso de la tecnología e inteligencia de datos con un enfoque disuasivo de la fiscalización ambiental, generando mecanismos de carácter preventivo y/o anticipatorio; un enfoque ciudadano, relevando las denuncias asociadas a territorios más vulnerables ambientalmente y un enfoque ambiental de riesgo asociado a la crisis hídrica, afectación de la biodiversidad y la contaminación ambiental.
¿Qué criterios utiliza la SMA para priorizar la fiscalización de proyectos?
La SMA utiliza un enfoque de gestión de riesgo ambiental que considera criterios como la vulnerabilidad ambiental, la peligrosidad intrínseca de los proyectos y sus procesos productivos, y la conflictividad socio-ambiental en los territorios. Estas herramientas buscan identificar y focalizar los esfuerzos en unidades con mayor riesgo ambiental, maximizando la eficiencia de los recursos institucionales y asegurando que las actividades de fiscalización tengan un impacto significativo en el cumplimiento normativo.
¿Cómo se abordarán las denuncias ciudadanas en el marco de estos programas?
Las denuncias ciudadanas son un eje central para la SMA en 2025, especialmente aquellas provenientes de territorios más vulnerables ambientalmente. Según lo descrito por la autoridad fiscalizadora, se busca fortalecer el enfoque ciudadano, a través de una gestión oportuna de las denuncias, incorporando las preocupaciones de la comunidad a la planificación, priorización y ejecución de actividades de fiscalización, que posibilite avanzar hacia la justicia ambiental en el quehacer de la institución, con el fin de asegurar el cumplimiento normativo, mediante la fiscalización, la asistencia al cumplimiento y el ejercicio de la potestad sancionadora.
¿Qué ventajas ofrece el uso de tecnología e inteligencia de datos en la fiscalización ambiental?
La incorporación de tecnología e inteligencia de datos permite realizar monitoreos remotos y masivos, lo que mejora significativamente la capacidad de detección de posibles incumplimientos. Estas herramientas no solo optimizan el uso de recursos institucionales, sino que también ofrecen un enfoque preventivo y anticipatorio. Este modelo tecnológico facilita una fiscalización más ágil, precisa y enfocada en los riesgos ambientales más críticos.
¿Cómo impactan estos programas en los titulares de proyectos y qué deben tener en cuenta para este año?
Para los titulares de proyectos, estos programas representan una oportunidad y un desafío. Por un lado, ofrecen claridad sobre los criterios de fiscalización y priorización de proyectos, permitiéndoles alinearse mejor con las exigencias ambientales. Por otro lado, se espera un cumplimiento riguroso debido a la intensificación de la presencia territorial y el uso de tecnología para detectar incumplimientos. Es crucial que los titulares fortalezcan sus sistemas internos de cumplimiento, prioricen componentes ambientales críticos y sean proactivos en atender cualquier desviación a sus instrumentos, para así avanzar a un enfoque de gestión de riesgo.
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