Como es bien sabido, por cada tonelada de cobre que se produce, se generan mil toneladas de residuos; en su gran mayoría, en forma de relaves (Göpfert, H. 2022[1]). Para tener una idea de la magnitud que eso significa, al año 2016 se estimaba que esto era equivalente a depositar relaves equivalentes a un cerro Santa Lucía cada 36 horas, proyectándose que sería cada 21 horas hacia el año 2035 (Fundación Chile, 2015)[2]. Esto es en parte consecuencia de la constante baja en la ley de los minerales, que se traduce en una necesidad de procesar una mayor cantidad de roca para producir igual cantidad de mineral. En esta línea, se espera que cada vez se generen más relaves, lo cual requiere estar constantemente aumentando la capacidad para gestionarlos.
En términos formales, un depósito de relaves se define como “toda obra estructurada en forma segura para contener los relaves provenientes de una planta de concentración húmeda de especies de minerales. Además, contempla sus obras anexas. Su función principal es la de servir como depósito, generalmente, definitivo de los materiales sólidos proveniente del relave transportado desde la planta, permitiendo así la recuperación, en gran medida, del agua que transporta dichos sólidos” (D.S. N°248/2007). Es destacable el hecho de que son obras permanentes y perpetuas, lo cual ha sido todo un desafío para gestionar sus riesgos en el tiempo (caso de las garantías financieras incorporadas en los planes de cierre[3]), y se ha traducido en un problema muy difícil de resolver en el caso de los depósitos abandonados (pasivos ambientales).
Según el Catastro de Depósitos de Relaves en Chile (actualización 19-10-2022) publicado por el Sernageomin, existen actualmente más de 750 depósitos, de los cuales un 80% corresponden a tranques de relave y un 16% a embalses de relave (el 4% restante incluye depósitos de relaves espesados, filtrados, en pasta, y otros). De ellos, un 14% se encuentra activo, mientras que un 62% se encuentra inactivo y un 23% ha sido abandonado.
El gran número de depósitos de relaves existente en Chile nos sitúa como el tercer país en el mundo con mayor número de este tipo de instalaciones, solo superado por China y Estados Unidos. Esto plantea un gran desafío, el cual ha sido reconocido y proyectado en el Plan Nacional de Relaves para una Minería Sostenible (Ministerio de Minería, 2019)[4], que plantea tres pilares de acción: seguridad de la población, medio ambiente, y economía circular e innovación.
El tema de seguridad ha sido históricamente el centro de atención, existiendo ejemplos de catástrofes por colapso de infraestructura a nivel internacional (por ejemplo, colapso de depósito en Brumadinho en 2019, pero también a nivel local (colapso del tranque de relaves Las Palmas posterior al terremoto de 2010). No obstante, en las últimas décadas los temas ambientales asociados han ido cobrando relevancia, destacándose aspectos como las emisiones atmosféricas y el impacto en el régimen hídrico local, lo cual puede ser materia de conflictos socio-ambientales, sobre todo en territorios compartidos con actividades agrícolas y cercanos emplazamiento a zonas pobladas. De hecho, acorde con el mapa de conflictos socioambientales en Chile[5], un 26% de los conflictos a nivel nacional están ligados al sector de minería, y varios de ellos se relacionan con el emplazamiento de depósitos de relave.
Esto plantea un gran desafío a nivel país, sobre todo si consideramos que a futuro se espera que una parte importante de la producción minera se realice en la zona central, donde existe una mayor densidad poblacional y, por ende, mayor competencia por el uso del suelo y del recurso hídrico (Fundación Chile, 2016). En este contexto han surgido varias iniciativas provenientes del sector privado, público, y alianzas público-privadas. Uno de los temas centrales es mejorar el monitoreo, para generar más y mejor información, con miras a una gestión más moderna, transparente y con foco preventivo. En ese sentido se destaca el Programa Tranque[6], que trabaja en desarrollar un sistema estandarizado de monitoreo y alerta temprana que abarque toda la variedad de depósitos de relaves en Chile, la creación de un Observatorio Nacional de Relaves en el Sernageomin[7] y la Instrucción General para la vigilancia ambiental del componente agua en relación a depósitos de relaves dictada en 2022 por la SMA[8].
Las nuevas iniciativas y regulaciones, sumado al creciente interés de la ciudadanía y su empoderamiento, generan un contexto en el cual los procesos de evaluación ambiental se vuelven más exigentes y complejos. Por otra parte, en los proyectos activos que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el ámbito del cumplimiento ambiental se vuelve crítico. De hecho, al analizar los procedimientos de sanción iniciados por la SMA a unidades fiscalizables de minería metálica, se aprecia que los depósitos de relaves son el segundo lugar donde más infracciones se producen, las cuales son calificadas generalmente como graves o gravísimas. Al entrar en el detalle de las infracciones imputadas por la SMA es posible identificar tres aspectos críticos:
1. Construcción y operación de los sistemas de monitoreo asociados al componente hídrico.
2. Contenido y reportabilidad de los informes de monitoreo y seguimiento ambiental.
3. Obras y/o acciones de prevención y control de filtraciones.
En esta línea, ECOS cuenta con y ha desarrollado herramientas especialmente útiles para el caso, que se complementan con una metodología de cumplimiento ambiental diseñada para estas instalaciones.
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